Gibraltar: La guarida de la `Ballena blanca´

Gibraltar

El Peñón es el escudo para las actividades ilícitas de Marbella. Desde allí, se controlaba hasta enero la firma rusa Yukos, empresa relacionada con el blanqueo de capitales del bufete Del Valle. La petrolera creó una extensa red en paraísos fiscales y trasvasó desde Holanda fondos a su filial española gracias a las empresas del letrado marbellí. Desde cualquier parte de España, cientos de abogados ofrecen servicios para crear cuentas en este paraíso fiscal, preferido por los defraudadores nacionales.

Gibraltar es una caja fuerte para mafiosos y traficantes, un paraíso fiscal donde el capital turbio se mueve a sus anchas. En 6,5 kilómetros cuadrados, más de 80.000 empresas offshore –fundadas en Gibraltar pero que operan fuera del Peñón– recaudan ingresos en todo el mundo. El anonimato es total y el pago anual de impuestos no supera los 350 euros. En este edén tributario terminan muchas de las empresas investigadas en la operación Ballena Blanca, la mayor intervención contra el blanqueo de dinero en España, saldada con la detención de 41 personas relacionadas con bufete marbellí Del Valle Abogados. Para la Justicia, ésta es la punta de un iceberg con nueve grupos mafiosos y un nombre propio, el de la principal petrolera rusa: Yukos. Controlado completamente desde Gibraltar, el imperio Yukos cuenta con un complejo entramado de sociedades ubicadas enparaísos fiscales según demuestra un informe interno realizado por la auditora Ernst & Young a su empresa madre, Group Menatep LTD, en 2002. La firma, con sede en Gibraltar, fue creada en febrero de 1998 por el despacho de abogados Fox & Gibbons, que ofreció su dirección como sede social. Desde esta fecha y hasta la subasta de Yukos el pasado mes de diciembre, Group Menatep LTD fue la encargada de controlar de forma anónima todo el imperio levantado bajo la sombra del magnate Mijail Jodorkovski, detenido el 25 de octubre de 2003 por delitos económicos.

La auditoría, firmada por Platon Lebedev, que cumple prisión en Rusia por delito fiscal, revela una opacidad buscada también en las operaciones de Yukos en España. Los responsables del holding se negaron en 2002 a ofrecer información sobre los verdaderos propietarios de Yukos a su empresa auditora. El documento relata que Group Menatep Limited no tenía ningún empleado, pese a que sus empresas daban trabajo a más de 100.000 personas en todo el mundo. Supuestamente, el imperio Menatep estaba controlado por un solo director, que aportaba las instrucciones desde Gibraltar. Su dirección se estableció en la Suite E, Regal House, Queensway, sede del bufete de abogados Fox & Gibbons.

Los auténticos propietarios de Menatep, que se mantienen en el anonimato, crearon un entramado societario que colocó a sus principales empresas en paraísos fiscales. El 61 por ciento del capital de Yukos Oil Corporation, afincada en Rusia, se controlaba desde Yukos Universal LTD, creada en la Isla de Man. Pero el cien por cien de las acciones de ésta eran propiedad de Group Menatep LTD en Gibraltar. Los procesos abiertos contra los responsables de Yukos relatan operaciones fraudulentas mediante un proceso de transferencia de precios: los costes de las operaciones comerciales eran compartidos por las empresas del grupo, mientras los beneficios aparecían siempre en las empresas ubicadas en paraísos fiscales. Yukos se convirtió en objetivo de la operación Ballena Blanca debido a una investigación policial realizada en Holanda.

Según el Ministerio del Interior, una empresa holandesa dependiente de Yukos hizo una importante aportación de capital a las sociedades creadas por Del Valle Abogados en su supuesta red de blanqueo de capitales. Se trataba, según la misma fuente, de un trasvase de capital ilícito a la filial de Yukos en España. Para este proceso, la firma holandesa habría empleado la red de empresas creada por los letrados marbellíes implicados en la trama, que utilizaban determinadas inversiones inmobiliarias como tapadera. Fruto de estas sospechas fueron los registros realizados en La Haya y Harlem por la policía holandesa.

En su defensa, los responsables de la petrolera rusa han enviado una carta de protesta al Gobierno español por sus declaraciones públicas. La misiva, hecha pública en los medios moscovitas, afirma que “ni Yukos ni ninguna de sus subsidiarias o compañías afiliadas desarrollan ninguna actividad comercial autorizada en España ni tiene cuentas en ese país”. Según las investigaciones, Del Valle Abogados creó un entramado de empresas a petición de sus clientes. En ellas, una persona de confianza o trabajador del bufete aparecía como responsable, mientras el controlador real de la empresa quedaba en el anonimato. Un documento privado o acciones al portador garantizaban el control del titular real de la firma, que aportaba instrucciones telefónicas a los abogados sobre los movimientos necesarios en su capital. El bufete marbellí cobraba una cantidad por la creación y mantenimiento de estas sociedades y una comisión por determinado tipo de transacciones, como los movimientos en metálico, a través de su red de sociedades. El cliente podía disponer de dinero en mano con tarjetas de crédito a nombre de las empresas instrumentales o por medio de transacciones directas. El bufete creó, según fuentes de Interior, dos líneas diferenciadas: una destinada al fraude fiscal y otra encaminada al blanqueo de capitales.

En el transcurso de la operación, que comenzó en septiembre de 2003, se han bloqueado fondos en cuentas bancarias por más de 250 millones de euros y se han decomisado 410.000 euros en efectivo, 42 vehículos de alta gama, dos aviones y una embarcación de 6,5 metros de eslora. Estos bienes se encuentran a nombre de empresas vinculadas a la supuesta red de blanqueo creada por Del Valle, al igual que las 251 viviendas incautadas, algunas de ellas todavía en fase de promoción, como las de Sotogrande, en Cádiz, y Manilva, en Málaga.
Tras su declaración en el Juzgado número 5 de Marbella, el presunto cerebro de la trama, el letrado Fernando del Valle, ha sido acusado de delitos contra la Hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales, acusación que comparte con el resto de los empleados procesados en su bufete. Su secretaria, en libertad bajo fianza de 30.000 euros, ha sido acusada también de falsedad documental.

Entre los implicados en esta trama, que cuenta ya con diez personas en prisión preventiva, se encuentran cinco abogados y tres notarios, dos de ellos de Marbella, y otro con sede en Granada. La policía investiga las posibles conexiones de los bufetes que la familia Del Valle poseía en Orihuela y Benissa, dos localidades alicantinas con una gran población rusa y una creciente actividad inmobiliaria.
Mientras tanto, en Marbella impera la ley del silencio. La abogacía y los hombres de negocios de la Costa del Sol han cerrado filas, y sobre todo la boca, ante las preguntas de los periodistas. Cuando se habla de dinero negro, en Marbella nadie conoce a nadie.

Los primeros indicios
Los responsables de la operación Ballena Blanca constataron durante más de un año la relación del gabinete legal Del Valle con determinados grupos mafiosos y sospechosos con antecedentes por narcotráfico, prostitución y delitos fiscales. Los primeros indicios llegaron en 2003, con el seguimiento policial a un narcotraficante francés afincado en la Costa del Sol. Según el Ministerio del Interior, Marbella se ha convertido “en una zona donde se ofrecen prácticamente a domicilio servicios de blanqueo de dinero”, un reclamo evidente para las mafias. Grandes capos italianos, franceses y, sobre todo, rusos acuden a Marbella en busca de un remanso para dirigir sus operaciones internacionales. El alto nivel de vida hace que puedan gastar grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas. Y la cercanía de Gibraltar facilita la gestión de los fondos ilícitos sin necesidad de intermediarios.

El Peñón se ha convertido en la zona predilecta para los grandes capos rusos, después de Chipre. En 2003, Gibraltar fue el quinto inversor extranjero en Rusia, aunque en realidad estas inversiones proceden de empresas offshore cercanas a Moscú, que revierten en muchos casos en la Costa del Sol. Al caso de Yukos hay que sumar otros ejemplos, como el de la firma Crown Resources, propietaria del petróleo del Prestige y fundada en Gibraltar en 1996.
Con 30.000 habitantes censados, la colonia británica cuenta con más de 80.000 empresas registradas, y la mayoría de ellas son offshore. Las ventajas de este sistema son múltiples: no pagan impuestos, anonimato de los accionistas, bajos costos de constitución y mantenimiento, y ausencia de control monetario. El único requisito es operar fuera del Peñón. Además, las sociedades offshore no tienen que presentar cuentas al fisco.

Crear una sociedad en Gibraltar es un juego de niños para defraudadores. La primera opción es acudir personalmente a la Calle Real, en pleno centro del Peñón, donde se encuentra la sede de la mayoría de los abogados llanitos. Una opción más cómoda es contratar la creación de este tipo de sociedades por medio de bufetes concertados en Madrid o Barcelona, grandes consultoras o incluso por internet. Los negocios sobre este tipo de servicios han avanzado tanto que algunos despachos ofrecen incluso la creación del logotipo de la empresa.
Desde hace años, es común el trabajo en equipo de los abogados de la colonia y los bufetes abiertos en la Costa del Sol. Así, un mismo cliente podía preparar su papeleo en suelo español y acudir a Gibraltar a firmar ante el notario.
En otras ocasiones, el cliente firma un poder notarial para dar potestad a los responsables del bufete, que son quienes aparecen en la escritura de constitución de sociedades. Con este método, empleado por abogados madrileños y barceloneses, no es necesario siquiera pisar suelo gibraltareño. Además, es exportable a otros paraísos como Chipre y Panamá.

A la inversa, la salida del dinero gibraltareño suele tener forma de ladrillo. La participación de empresas del Peñón es común en la promoción y compra de inmuebles en la Costa del Sol, como en el caso de la operación Ballena Blanca. La falsificación de tabaco rubio se ha convertido también en una fuente de capital en Gibraltar.
España ha reclamado en incontables ocasiones al Gobierno británico un cambio en la política de protección fiscal de Gibraltar. Pese a esto, España se comprometió en 2002 a facilitar al Peñón 100.000 líneas, más de tres por cada habitante, dentro de la red telefónica de la provincia de Cádiz. Estos terminales son vitales para el mantenimiento del paraíso fiscal, ya que a través de ellos los propietarios de las empresas offshore envían instrucciones desde cualquier parte del mundo a sus testaferros en Gibraltar.
Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Marbella y el recién estrenado fiscal antimafia de Málaga, Juan Carlos López Caballero, se encuentran ahora inmersos en el proceso de análisis de todos los documentos incautados en la operación Ballena Blanca, que se puede prolongar durante meses. El principal escollo para la investigación del caso es la opacidad de gran parte de las empresas implicadas, ubicadas en el Peñón. Londres se ha comprometido a reducirla antes de 2010. Puede, a esas alturas, que ya sea tarde.

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